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“Hay una persecución política clara contra Radio San Borondón”

Anabel Leal, portavoz del personal de Radio San Borondón. / FRAN PALLERO

Anabel Leal, portavoz del personal de Radio San Borondón. / FRAN PALLERO

J. F. J. | Santa Cruz de Tenerife

El personal de la casa lo tiene claro: “Esto es una persecución política”. Y todos apuntan al mismo responsable: el presidente del Gobierno, Paulino Rivero. “Desde hace tiempo, se marcó como objetivo cargarse nuestra emisora”, asegura la portavoz del equipo del Centro de la Cultura Popular Canaria (CCPC) y Radio San Borondón (RSB), Anabel Leal.

La puntilla podría estar a la vuelta de la esquina: el pasado lunes fueron embargadas las cuentas de la asociación. Casi 40 años de actividad y todos sus puestos de trabajo se tambalean. El expediente sancionador que le abrió en septiembre de 2013 el Ejecutivo autónomo, por seguir emitiendo tras quedar eliminados en el concurso de licencias de radio de 2011, no admite más pleitos ni dilación.

Abonan los 122.476,05 euros que se les reclama en concepto de multa más recargos o en fechas próximas se verán abocados al cierre. Una medida tan desproporcionada como ilegal, denuncian los afectados. “Pese a que hay más de 100 emisoras en las mismas condiciones, somos prácticamente los únicos a los que se les plantea está drástica penalización”, cuenta Leal.

“Les preguntamos cuál era el criterio objetivo y el plan de inspección y nunca nos lo han comunicado. Primero nos dijeron que era por orden alfabético, luego al azar. Está claro que su única voluntad es cerrar esta emisora”. De nada han servido las sucesivas alegaciones y recursos presentados. Ahora aguardan respuesta a una solicitud de aplazamiento, al objeto de intentar reunir, con la colaboración popular, la cantidad reclamada.

“No tenemos el dinero ni los bancos nos avalan por ese importe. Lo que hemos hecho es pedir cuatro meses de prórroga, presentando la hipoteca de nuestra sede como garantía, ya que vale mucho más que la sanción propuesta”. Las cuatro fuerzas políticas con representación en el Parlamento (CC, PSOE, PP y NC) también han intentado mediar en el conflicto, expresando en la cámara su apoyo a RSB, pero ha servido de poco.

“Lo hemos intentado todo, incluso nos sentamos con el señor Hernández Spínola. Y todos los grupos del Parlamento pidieron la paralización de las sanciones hasta que haya sentencia firme del concurso, pero el Gobierno hace caso omiso. Sería un escándalo que, al final, unos representantes públicos que se autodefinen como democráticos y que defienden lo de aquí se acaben cargando una institución como esta”. Ante tanto atropello, han decidido judicializar el caso, con la colaboración desinteresada de varios abogados, entre ellos, Felipe Campos.

Leal está segura de que la Justicia acabará dándoles las razón. “Aquel concurso de licencias estuvo lleno de chanchullos e irregularidades, y se judicializó por lo penal. Aún hoy el proceso está abierto. Solo pedimos tiempo hasta que se aclare este asunto. El embargo puede ser la desaparición de la radio y del CCPC. Aun sin sanción, ya estábamos en una situación complicada: hoy somos seis trabajadores pero llegamos a ser 50”.

No disponen de subvenciones ni ayudas. “Hay emisoras con una décima parte de nuestra audiencia que, sin embargo, están llenas de publicidad institucional. Hay empresas que nos han llegado a reconocer que no nos contratan publicidad para no incomodar al Gobierno”. Sus únicos ingresos proceden de la edición y venta de libros y discos y el alquiler de equipos de sonido. El personal del CCPC no pierde la esperanza de que el cambio de gobierno, tras las elecciones de mayo, sirva de punto de inflexión. “Cualquier gobierno que sustituya al actual, si es democrático, debe paralizar este proceso. Va en contra de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación”.

El apoyo que están recibiendo de la sociedad civil es lo que más valoran. “Hemos sido apoyados por más de cien colectivos y miles de personas. También estamos pidiendo firmas y hemos abierto una cuenta bancaria para recoger financiación. Ese dinero, si ganamos el proceso judicial, lo devolveremos”. La portavoz del personal de RSB se declara muy orgullosa del trabajo realizado en estos años: “No se puede hablar de cultura canaria sin tener en cuenta la ingente labor desarrollada por el CCPC. Somos la mayor editorial y discográfica del Archipiélago, organizamos un acto cada día y hemos dado voz a cientos de colectivos y ciudadanos que no encontraban eco en otros medios. RSB también ha sido clave para dar luz a las corruptelas que había en casos como los planes generales de Santa Cruz y La Laguna, el Puerto de Granadilla o el asunto del mamotreto de Las Teresitas”, subraya.

Denuncia contra el Ejecutivo regional
Fue el pasado día 30 marzo cuando RSB conoció que sus cuentas han sido embargadas por la Consejería de Hacienda. La multa inicial de 101.000 euros ha pasado así a convertirse en más de 122.000 euros, al añadirse un extra en concepto de recargo. La medida puede volverse ahora en contra del Ejecutivo de Rivero. Mañana, lunes, los abogados de RSB presentarán denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia, al considerar que este paso es claramente ilegal. “Hasta que el juez no se pronuncie sobre nuestra ultima solicitud, en la que hemos presentado la sede de la asociación como garantía, no pueden ejecutar nada. Es ilegal. Mientras esto no suceda, el expediente permanece suspendido. Incluso nos han reconocido, vía telefónica, que se han extralimitado”. “La denuncia va dirigida a los funcionarios responsables de ejecutar la sanción suspendida judicialmente, por prevaricación y delito contra los derechos fundamentales”, dice Anabel Leal.